Avaluaciones
Ley de Rentas Municipales II…
Una vez más se gestiona en el Parlamento, un proyecto de ley que afecta a las responsabilidades del Servicio y una vez más, AFIICH debe concurrir ante los Parlamentarios con el fin de precisar conceptos técnicos y aspectos que afectan a los funcionarios de nuestro Servicio ya que, de aprobarse el texto de ley en los términos propuestos por el Gobierno, se obtendrá los mayores recursos que se buscan, pero sin atender la problemática de fondo y por lo tanto sin resolver el tema en forma integral.
El proyecto en discusión, denominado Ley de Rentas Municipales II, busca la obtención de mayores recursos con el fin, entre otros, de elevar las remuneraciones de Alcaldes y Concejales del País. Para ello introduce diversas modificaciones a la Ley de Impuesto Territorial, modificaciones que implicarán mayores responsabilidades al ya reducido grupo de Tasadores de Avaluaciones de nuestro Servicio. Sin embargo, nada de ello se toca en dicho proyecto de ley. A modo de ejemplo, se establece “reavalúos automáticos”, cada 5 años, que dicho sea de paso y aunque parezca increíble, una de las autoridades con la que nos entrevistamos creía que consistía en “apretar un botón y así modificar los avalúos cada vez que fuese necesario” y que por lo tanto su convencimiento era que “no significaba nuevas labores”. Su confusión es comprensible ya que no tiene porque saber que el valor de los terrenos, y por lo tanto su avalúo, obedece a las fluctuaciones de mercado que, en una dinámica constante, varían no por efectos del IPC o de una constante pareja, sino de acuerdo a los distintos focos de desarrollo que se van generando en las ciudades. Tampoco tiene porque saber que, cada vez que se genera una nueva área de expansión urbana, las propiedades deben cambiarse del área agrícola, enrolándose en el área no agrícola y con valores absolutamente distintos y que obedecen a un estudio prolongado de los valores de mercado.
En fin, el mal entendido no sólo es de esa autoridad, hay muchos más que así lo piensan y están más próximos a nosotros de lo que imaginamos. El asunto es que la planta de Tasadores del país es de no más de 130 profesionales y el número de propiedades alcanza ya a los 5.000.000. Si bien ha habido algo de tecnología, las labores se han incrementado, al punto de no poderse garantizar algo fundamental: LA EQUIDAD TRIBUTARIA, piedra angular de todo impuesto y que en el caso del impuesto territorial sólo puede garantizarse cuando el catastro de propiedades se mantiene efectivamente actualizado. Hoy día se cumple las tareas y se “se hace lo que se puede”. Es más, ¿en cuántas comunas del País se puede asegurar que el catastro de propiedades está real y totalmente actualizado?…si es que las hay, los dedos de una mano serán suficientes para contarlas.
Evidentemente el problema no es de hoy. Sólo se ha agudizado en el tiempo. Hace 10 años el número de propiedades era un poco más de la mitad de las que hoy existen en tanto, el número de tasadores es el mismo. Es cierto que se ha tomado algunas medidas de emergencia: cada vez que se ordena un reavalúo, se asigna presupuesto para contratar personal a honorarios, de los cuales un número importante ha pasado a ser “permanente”, pero con la misma situación contractual. En este mismo sentido debe aclararse que la nueva ley ordena reavaluos automáticos cada cinco años, pero no reserva recursos para esa tarea, por lo que, ya no habrá ni siquiera esa posibilidad.
Otra “solución” han sido los convenios con los Municipios. Con los grandes, porque las comunas pequeñas que son las más, no tienen ninguna posibilidad de adherirse a esa “solución”. Esta modalidad si bien ha ayudado a actualizar en una medida importante en algunas comunas, tampoco es solución definitiva ya que el personal agregado, que por lo general es también a honorarios y en este caso con contratos municipales, no tiene facultades para asumir la responsabilidad de la fiscalización (recordemos que en este aspecto hay un pronunciamiento de la Contraloría de la República, pronunciamiento efectuado a petición de AFIICH) y por lo tanto se produce toda una problemática acerca de las responsabilidades administrativas y donde el coordinador del convenio (tasador del SII) debe asumir no sólo la difícil interrelación con autoridades municipales sino además, los errores técnicos en los que pueda incurrir ese personal.
Todo señala que es tiempo de establecer una política institucional, acerca de cómo se estructurará el área de Avaluaciones, para efectos de enfrentar la responsabilidad de la actualidad del catastro y garantizar así la equidad tributaria en el impuesto territorial.
Es por ello que AFIICH no podía dejar de concurrir ante los Parlamentarios, para por lo menos crear conciencia de la responsabilidad que enfrentan al aprobar un proyecto de ley cuyo contenido resuelve un tema mediatico, pero sin resolver el tema de fondo. Por supuesto la comprensión fue inmediata pero, nos dijeron, si Hacienda no propone indicaciones, nada podemos hacer. Es así que hacia allí se dirigen nuestros próximos pasos… LA ESPERANZA ES LO ÚLTIMO QUE SE PIERDE; EL COMPROMISO DE NUESTRAS AUTORIDADES ES LO MENOS QUE PODEMOS ESPERAR.
