Sumario Administrativos

Procedimiento Sumario Administrativo

I.- Legislación Aplicable

Título V, del Estatuto Administrativo, sobre la Responsabilidad Administrativa ; Artículo 114 y siguientes del Estatuto Administrativo.

II.- Objetivo

El desarrollo de un sumario administrativo tiene por objeto establecer la existencia de hechos que constituyan infracción a los deberes estatutarios y, determinar la responsabilidad consiguiente. Por deberes estatutarios hay que entender no solamente los contenidos en la Ley N º18.834, sobre Estatuto Administrativo y Ley Nº18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la administración del Estado sino también los contenidos en la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos y el Código Tributario. (1: Ver Anexo I)


II.- Responsabilidad Administrativa

Responsabilidad administrativa es aquella a que está obligado todo Funcionario Público por y, en el desempeño de su cargo, ejercida por la autoridad administrativa. Cabe hacer presente que el Funcionario público también se encuentra efecto a responsabilidad civil (Con ella se pretende establecer el perjuicio causado y la consiguiente indemnización del daño causado, materias de competencia de un Juzgado Civil) y penal (Da origen a responsabilidad penal toda acción u omisión que se encuentra tipificada en la legislación del ramo, como hecho constitutivo de delito, materia de competencia de un Tribunal Penal. En los procesos penales también se puede ejercer la acción civil, demandando la indemnización oportunamente.), las cuales son independientes de la responsabilidad administrativa y corresponde se ejerzan ante los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Como resultado del sumario administrativo, se deberá establecer las responsabilidades del Funcionario infractor y, pese a que la responsabilidad administrativa es personal, también se debe determinar las responsabilidades administrativas que le corresponden a los superiores del infractor, por negligencia en las funciones de dirección, control y supervigilancia que deben ejercer por sobre las actuaciones de sus subordinados.


La responsabilidad administrativa se determina a través de una investigación sumaria o de un sumario administrativo.

Las sanciones que pueden aplicarse por ejercicio de la acción administrativa son: (Siempre que el Estatuto Administrativo u otra Ley establecen una sanción especifica, se debe aplicar dicha sanción con prescindencia de atenuantes que pudieran existir.)

a) Censura, amonestación por escrito de la cual se deja constancia en la hoja de vida mediante una a notación de demérito de dos puntos en el factor de calificación que corresponda;


b) Multa, no puede ser inferior a un 5% ni superior al 20% de la remuneración mensual. Esta, pese a que la Ley no lo dice expresamente, sólo puede aplicarse desde el día en que se notifica al Funcionario la resolución tramitada por la Contraloría General de la República , ello porque la notificación de la resolución que la aplica, pese a la presunción de legalidad que la ampara, puede ser objeto de reparo por dicho Organismo de Control, en especial si hay un requerimiento del afectado ante la Contraloría para que ésta revise la legalidad del procedimiento y razonabilidad de la sanción aplicada.

Además, del elemento pecuniario, la multa también conlleva un efecto en las calificaciones, lo cual depende del porcentaje de multa aplicado. Así, si la multa no excede del 10% de la remuneración mensual, la anotación de demérito será por dos puntos; si excede el 10% y no supera el 15% de la remuneración mensual, la anotación será de 3 puntos; y, si es superior al 15% de la remuneración mensual, la anotación será de 4 puntos.


c) Suspensión del empleo desde 30 días a 3 meses, en este caso, también hay privación de la remuneración con goce de 50% a 70% de la remuneración y, una anotación de demérito de 6 puntos en el factor correspondiente.

La aplicación de una u otra medida dependerá de la gravedad de la falta cometida, la que debe ser ponderada considerando las circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad que consten en el sumario.

d) Destitución. Procede esta medida disciplinaria siempre que la Ley lo establezca, sea el Estatuto Administrativo o el Código Tributario y, producto de un sumario administrativo. No es procedente si el procedimiento utilizado para determinar la responsabilidad administrativa fue una investigación sumaria. (Salvo casos expresamente contemplados en la Ley , como lo es el artículo 66 del Estatuto Administrativo, que ordena instruir investigación sumaria por atrasos y/o ausencias reiterados. El Servicio de Impuestos Internos por regla general abre sumarios administrativos. Cabe tener presente que la investigación sumaria contempla plazos muy reducidos, en todas las etapas del procedimiento.)


Causales de destitución contempladas en el Estatuto Administrativo :

i) Ausentarse de la institución por más de tres días consecutivos sin causa justificada;

ii) Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado; dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales; en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado;

Salvo casos expresamente contemplados en la Ley , como lo es el artículo 66 del Estatuto Administrativo, que ordena instruir investigación sumaria por atrasos y/o ausencias reiterados.

El Servicio de Impuestos Internos por regla general abre sumarios administrativos. Cabe tener presente que la investigación sumaria contempla plazos muy reducidos, en todas las etapas del procedimiento.


iii) Atentar contra los bienes de la institución, cometer actos que produzcan la destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su valor o causen su deterioro;

iv) Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o participar en hechos que las dañen;

v) Condena por crimen o simple delito; (Nótese que se requiere sentencia condenatoria, no basta el estar siendo procesado. La diferencia entre crimen y simple delito está dado por la sanción aplicada por la Ley penal, las cuales están contenidas en el artículo 21 del Código Penal.)

vi) Cuando los hechos constitutivos de infracción vulneren gravemente el principio de probidad administrativa. Esta causal es importante porque la calificación de gravedad compete al Servicio y, la Contraloría sólo puede velar porque efectivamente la infracción haya sido probada;


vii) Demás casos contemplados en el Estatuto o leyes especiales.

Causales de destitución contempladas en el Código Tributario :

i) Permitir o facilitar a un contribuyente el incumplimiento de las leyes tributarias, si se comprobare que el Funcionario solicito o recibió una remuneración o recompensa;

ii) Favorecer su intervención en cualquier sentido para reducir la carga tributaria de un contribuyente o para liberarle, disminuirle o evitar que se le aplique una sanción y, siempre que se pruebe que el Funcionario solicito o recibió una remuneración o recompensa;

iii) La reincidencia en las infracciones contenidas en los Nos. 1; 4 y 5 del artículo 101 del Código Tributario; y

iv) Las mismas infracciones señaladas en el Nº iii) anterior, cuando la gravedad de la falta así lo amerite.


Siempre que la Ley establezca una sanción especifica para determinada falta, como es el caso de la medida de destitución, dicha medida se aplicará con prescindencia de la existencia de circunstancias atenuantes.

Nótese que se requiere sentencia condenatoria, no basta el estar siendo procesado.

La diferencia entre crimen y simple delito está dado por la sanción aplicada por la Ley penal, las cuales están contenidas en el artículo 21 del Código Penal.


IV.- Del Procedimiento

a) Inicio del procedimiento

El sumario administrativo se puede iniciar de dos formas. Una, inmediatamente como sumario administrativo, porque la naturaleza de los hechos denunciados o, dada su gravedad así lo aconsejen, o; cuando habiéndose iniciado previamente una investigación sumaria, durante el curso de la misma se concluye que los hechos revisten tal gravedad que deben ser investigados mediante un sumario administrativo, sea por la complejidad de los hechos investigados o bien porque se estima que la sanción a aplicar puede ser la destitución. En ambos casos, en la resolución exenta que ordena su instrucción, se debe designar al Fiscal a cargo de la investigación.

El Fiscal debe tener el mismo grado o mayor grado o jerarquía que el Funcionario que aparezca involucrado en los hechos. Si durante la investigación, aparece involucrado otro Funcionario de mayor jerarquía o grado que el Fiscal, se debe proceder a designar otro Fiscal, no obstante lo cual, éste continuará con la investigación hasta el cierre de la misma o en todas aquellas diligencias que no puedan ser suspendidas sin entorpecer el desarrollo del sumario.

Una vez notificado el Fiscal y aceptado el cargo, éste debe designar un Actuario, quien tiene el carácter de Ministro de Fe y, debe certificar todas las actuaciones que se realicen en el sumario. El Actuario puede ser cualquier Funcionario que se rija por el Estatuto Administrativo.

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b) Etapas del procedimiento.

La Investigación. El término para llevar a cabo la investigación es de 20 días. No obstante lo anterior, si pasado dicho plazo hubieren diligencias pendientes, no cumplidas por fuerza mayor, se pude decretar una o más prorrogas hasta completar 60 días.

Pese a que el Estatuto Administrativo habla de plazo máximo de 60 días, dicho término puede ser mucho mayor y su incumplimiento no acarrea la nulidad del procedimiento sumarial, habiendo causa justificada para tal demora.

Durante todo el período que dure la investigación, tanto el original como la prorroga, el sumario será secreto y, el Funcionario no tendrá acceso al expediente.


A todo Funcionario que es citado a declarar ante el Fiscal, por primera vez, en calidad de inculpado, se le debe hacer saber que tiene un plazo de dos días para objetar al Fiscal y/o al Actuario. Tiene el carácter de inculpado, el Funcionario respecto del cual existen presunciones fundadas, precisas y directas, sobre su participación en los hechos materia de autos.

Una de las primeras diligencias que se practican es la declaración ante la Fiscalía del inculpado. Es importante que en dicha oportunidad, el Funcionario que tiene tal calidad se limite a declarar sobre los hechos y aporte todos los antecedentes que sean necesarios para esclarecerlos. En caso de haber transcurrido un tiempo considerable y la persona no se recuerde con certeza de los hechos que se le imputan, debe simplemente hacer ver al Fiscal lo que se recuerda, de aquello que está seguro y/o que pueda probar en caso de involucrar a otras personas, nadie está obligado a más de lo que puede por lo que si hay algo que no se recuerda, hay que limitarse a decir no recuerdo.

Una vez terminada la investigación, ésta de declarará cerrada y el Fiscal procederá a proponer el sobreseimiento, caso en el cual el Jefe Superior, a cargo, Director Regional o Subdirector de Fiscalía, puede aprobar o rechazar tal propuesta o, bien formulara cargo, en plazo de 3 días.


Los Plazos. Todos los plazos en materia de sumario administrativos son de días hábiles, en este caso, de lunes a viernes, excepto festivos. (Ver Anexo II, de paralelo de plazos entre investigación sumaria y sumario administrativo.)

Los plazos del Servicio no son fatales, por lo que en general, su incumplimiento no acarrea vicio de legalidad del procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad del Fiscal por la demora o dilación en la investigación.

Causales de Implicancia y Recusación. Tanto el Fiscal como el Actuario pueden ser tachados por:

a) Tener el Fiscal o el Actuario interés directo o indirecto en los hechos investigados;

b) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con cualquiera de los inculpados; y

c) Tener parentesco de consanguinidad hasta el tercer grado y de afinidad hasta el segundo, inclusive, o de adopción con alguno de los inculpados;


Cuando es el propio Fiscal o Actuario quien se inhabilita, podrá también invocar cualquier otro hecho que les reste imparcialidad.

Si quien es tachado es el Actuario, la solicitud en que se le recusa debe ser resuelta por el Fiscal en plazo de 2 días. Si lo que se objeta es la intervención del Fiscal, quien debe resolver la solicitud es la autoridad que ordenó el sumario, también en plazo de 2 días.

Cualquiera sea el caso, objetada la intervención del Actuario y/o del Fiscal, el afectado dejará de intervenir excepto en aquellas diligencias que no puedan paralizarse sin comprometer la investigación.

Siempre que se designe un nuevo Fiscal y/o Actuario, se debe notificar tal resolución al inculpado, para efectos de hacer valer su derecho de recusarlo.


Las Notificaciones. Todas las notificaciones se deben hacer personalmente. Si el Funcionario no fuere habido en su lugar de trabajo o en su domicilio, durante dos días consecutivos, procede se le notifique por carta certificada.

Para efectos de las notificaciones el Funcionario debe fijar domicilio dentro del radio urbano de la Fiscalía , en caso de no hacerlo, al notificarle por carta certificada, ésta se le enviará al domicilio registrado en el Servicio. De las notificaciones practicadas se debe dejar constancia en el expediente.

De toda resolución que se notifique, debe entregarse copia al sumariado.

Tratándose de las notificaciones por carta certificada, éstas se entenderán hechas cumplidos 3 días desde que sean despachadas.

Los Descargos. Notificado el cargo, el Funcionario inculpado tiene el plazo de cinco días para presentar por escrito sus descargos o defensa. Este plazo puede ser prorrogado por una vez por otros cinco días, a condición que se ejerza este derecho antes de vencer el plazo original.


En esta misma oportunidad se deberán acompañar los medios de prueba que se estime pertinente o bien, solicitar se abra un término probatorio, indicando las diligencias concretas que se requiere a la Fiscalía se practiquen durante ese período. Cabe tener presente que es esta la oportunidad de hacer presente todos los antecedentes que se consideren necesarios y pertinentes a la defensa, porque lo que no consta en el proceso no puede luego ser invocado.

Desde el momento de la notificación del cargo, el sumario deja de ser secreto y, tanto el sumariado como el abogado que asuma su defensa, tendrán acceso al expediente, siendo aconsejable solicitar fotostática del mismo.

Del Término probatorio. En el caso que el Fiscal, habiendo sido solicitado, acceda a abrir un periodo de prueba, deberá señalar el plazo del mismo, el que no puede exceder de 20 días.

Pese a que la Ley fija un plazo máximo de 20 días, nuevamente cabe tener presente que si alguna de las diligencias demora más de ese período, el probatorio permanecerá abierto para efectos de cumplir con la diligencia solicitada, sin que ello implique necesariamente un vicio de procedimiento que afecte la validez del fallo.


Vista del Fiscal. Una vez concluido el término probatorio, el Fiscal tiene un plazo de 5 días para emitir su dictamen, en el cual puede proponer la absolución o la sanción que a su juicio corresponde según los hechos investigados y, considerando las atenuantes y/o agravantes que arroje el mérito del proceso.

Si los hechos investigados revisten carácter de delito, en conformidad a la legislación vigente, además deberá solicitar se remitan los antecedentes a los Tribunales de Justicia para la investigación que corresponda.

Del Fallo. El dictamen del Fiscal, sea absolutorio o sancionatorio, debe ser puesto en conocimiento de la autoridad que instruye el sumario, quién en un plazo también de 5 días, deberá emitir una resolución absolviendo al inculpado o bien, aplicando una medida disciplinaria. Tratándose de la medida de destitución, está solo puede ser aplicada por la autoridad que hace el nombramiento, vale decir el Director del Servicio o, un Subdirector actuando por orden de él, con facultades delegadas.


Adicionalmente, si la autoridad correspondiente estima que el sumario no está afinado, podrá ordenar la realización de nuevas diligencias o bien que se corrija algún vicio que haya detectado en el procedimiento, fijando al Fiscal un plazo para realizar las diligencias ordenadas. Si producto de estas nuevas diligencias se formulan nuevos cargos, el sumariado tendrá un plazo de 3 días para hacer las observaciones que estime pertinentes.

De las Medidas Preventivas. Durante el desarrollo del sumario, el Fiscal está facultado para suspender de sus funciones al Funcionario que aparezca involucrado o, bien, destinarlo a otras actividades dentro del Servicio y en la misma ciudad. Esta medida tiene carácter transitorio y termina al dictarse el sobreseimiento o, al emitirse el dictamen del Fiscal, circunstancia que en todo caso debe notificarse al inculpado personalmente.

Si la medida disciplinaria propuesta por el Fiscal es la destitución, la suspensión preventiva o la destinación a otras funciones podrán mantenerse hasta que quede a firme el Dictamen, lo cual ocurrirá cuando la Contraloría General de la República tome razón.


Siendo la medida prorrogada la suspensión preventiva, el inculpado será privado del 50% de su remuneración. En el evento que al termino del sumario administrativo sea absuelto o se le aplique una medida disciplinaria distinta de la destitución, tendrá derecho a que se le pague retroactivamente aquella parte de la remuneración de que fue privado.

De los Recursos. Aplicada una medida disciplinaria, contra la resolución que la ordena, en principio proceden tanto los recursos de reposición como la apelación. Se dice que en principio porque cuando quien ordena la medida es la máxima autoridad de la Institución , no existe Superior Jerárquico al cual apelar.

El plazo para interponer los recursos es de 5 días, sin posibilidad de prorroga y, deben interponerse en conjunto, la apelación en subsidio de la reposición, fundados, debiendo ser fallados en plazo de 5 días siguientes.

Conforme reiterada jurisprudencia de la Contraloría General de la República, tampoco procede el recurso de apelación cuando la medida disciplinaria es impuesta por delegación de funciones del Jefe Superior del Servicio, porque en tal caso se entiende que quien aplica la medida es dicha autoridad a través de su representado. A modo de ejemplo, se tiene la medida de destitución aplicada por el Subdirector de Fiscalía, quien actúa con facultades delegadas del Director Nacional del Servicio.


La Contraloría General de la República y Tribunales de Justicia, como instancias en los procedimientos que contempla el Estatuto Administrativo para la interposición de recursos. El Estatuto Administrativo no contempla recursos que se puedan interponer tanto ante la Contraloría General de la República , como ante los Tribunales de Justicia y, el recurso de reclamación administrativa contenido en el artículo 154 de dicho cuerpo legal no es aplicable en el caso de los procedimientos administrativos instruidos para determinar la responsabilidad administrativa (investigación sumaria y sumario administrativo), ello debido a que estos procedimientos son reglados. No obstante lo anterior, dado que la contraloría es un organismo de control de legalidad de los actos administrativos y, muy en especial en los casos que procede la toma de razón como es en los casos de absolución y destitución, la Contraloría está obligada a revisar que el procedimiento seguido esté ajustado a derecho. Por lo mismo, en los casos en que la sanción aplicada sea la destitución se puede pedir a la Contraloría que examine el expediente para efectos de verificar la legalidad del fallo y la razonabilidad de la sanción aplicada, la cual debe ser determinada considerando las atenuantes que se hayan invocado en el expediente y, sean procedentes. En el evento que se aplique otra sanción, vale decir, censura, multa o suspensión del empleo, también se puede solicitar tal verificación, pero como el acto administrativo para nacer a la vida jurídica no necesita del tramite de toma de razón de la Contraloría , como en los casos indicados anteriormente, queda perfecto desde se notificada al sumariado la resolución que aplica la medida disciplinaria, por que está revestido de una presunción de legalidad. Lo anterior no obsta a que producto de la intervención de la Contraloría General de la República , se destruya tal presunción y dicho organismo sugiera aplicar otra medida.


En todo caso, es preciso tener presente que siempre, en los casos de medidas disciplinarias distintas de la destitución, se requiere, para lograr la intervención de la Contraloría , requerimiento expreso del afectado.

En cuanto a recursos ante los Tribunales de Justicia, como se dijo antes ello no se encuentran formalmente establecidos en el Estatuto Administrativo. No obstante lo cual, siempre cabe la posibilidad de recurrir a ellos, especialmente si se transgrede alguna garantía constitucional, como son las resguardadas con el recurso de protección.

V.- De la Extinción de la

Responsabilidad Administrativa

La responsabilidad administrativa del Funcionario se extingue:

a) Por muerte del Funcionario;

b) Por haber cesado en las funciones. No obstante el derecho del Funcionario a renunciar al cargo, tal renuncia puede ser retenida, vale decir, no darle curso, por el lapso de un mes, cuando la persona esté siendo sometida a un sumario administrativo y, los antecedentes del caso hagan presumir que producto de tal investigación se le puede llegar a destituir.

En todo caso, si el Funcionario está involucrado en un sumario administrativo, ello no obsta a la continuación del sumario hasta su término y, en el evento de sancionársele se deberá dejar constancia en la hoja de vida de la sanción aplicada.

c) Por cumplimiento de la sanción; y


d) Por prescripción de la acción administrativa. La acción disciplinaria prescribe en el plazo de cuatro años contados desde el día en que se hubiere incurrido en la acción u omisión que da origen a la infracción. (Antes de la dictación de la Ley de Probidad Administrativa, el plazo de prescripción era de dos años, salvo el caso de delito que se mantiene igual. Como nota curiosa, cabe tener presente que para tal incremento se considero la opinión favorable al incremento del plazo del Servicio de Impuestos Internos.)

Sin embargo, tratándose de infracciones constitutivas de delito (Delito, es toda acción u omisión voluntaria penada por la Ley. (Ley penal).), la acción disciplinaria prescribirá de igual forma que la acción penal.

La prescripción de la acción disciplinaria como toda prescripción, se puede interrumpir y también se suspende. Se interrumpe la prescripción, cuando el Funcionario incurre en una nueva falta y, se suspende desde el momento que se notifica la formulación de cargos, sea en una investigación sumaria o un sumario administrativo. La suspensión que se produce con dicha notificación sólo dura por dos períodos calificatorios, es decir, si transcurridos dos calificaciones sin que se haya sancionado, el plazo continua corriendo desde la notificación de la última calificación.

En cuanto a la oportunidad para hacer valer en el proceso, la extinción de la responsabilidad administrativa, el Estatuto Administrativo no contempla plazo para ello por lo que de acuerdo con la jurisprudencia de la Contraloría General de la República , puede ejercerse tal derecho en cualquier instancia mientras no esté terminado, pero siempre debe invocarse, no puede declararse de oficio.


ANEXO I

En este anexo se han transcrito las obligaciones, infracciones, prohibiciones y/o inhabilidades que afectan a los Funcionarios y se encuentran contenidas en distintos cuerpos legales, cuya infracción puede dar lugar a responsabilidad administrativa.

A.- Obligaciones Funcionarias contenidas en el art. 55 del Estatuto Administrativo:

a) Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma regular y continua, sin perjuicio de las normas de delegación ;

b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución y a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan;

c) Realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicación y eficiencia, contribuyendo a materializar los objetivos de la institución;


d) Cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico;

e) Cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente;

f) Obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico; (Se trata tanto de las órdenes escritas como verbales, contenidas en Circulares o memorándum.)

g) Observar estrictamente el principio de probidad administrativa, regulado por la Ley 18.575 y demás disposiciones especiales;

h) Guardar secreto en los asuntos que revistan el carácter de reservados en virtud de la ley, del reglamento, de su naturaleza o por instrucciones especiales;

i) Observar una vida social acorde con la dignidad del cargo;


j) Proporcionar con fidelidad y precisión los datos que la institución le requiera relativos a situaciones personales o de familia, cuando ello sea de interés para la Administración , debiendo ésta guardar la debida reserva de los mismos;

k) Denunciar ante el Ministerio Público, o ante la policía s no hubiere fiscalía en el lugar en que el funcionario presta servicios, con la debida prontitud, los crímenes o simples delitos y a la autoridad competente los hechos de carácter irregular de que tome conocimiento en el ejercicio de su cargo;

l) Rendir fianza cuando en razón de su cargo tenga la administración y custodia de fondos o bienes, de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República, y

m) Justificarse ante el superior jerárquico de los cargos que se le formulen con publicidad (Es procedente cuando se formulan críticas o cargos en contra de la conducta funcionaria de un empleado público, caso en el cual el afectado deberá justificarse ante su superior. Por su parte, éste podrá dependiendo de la naturaleza de las imputaciones hechas y si se ve o no comprometido el prestigio de la Institución , ordenar al Funcionario que sus descargos y/o justificaciones las haga de manera publica, por el mismo medio utilizado para hacer las criticas o cargos. Como se puede apreciar la palabra cargo, está utilizada en un sentido amplio, como critica, como falta que se imputa a un comportamiento del Funcionario.), dentro del plazo que éste fije, atendidas las circunstancias del caso.


B.- Obligaciones Especiales de las Autoridades y Jefaturas . Art. 58 E.A.

a) Ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones;

b) Velar permanentemente por el cumplimiento de los planes y de la aplicación de las normas dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia, y

c) Desempeñar sus funciones con ecuanimidad y de acuerdo a instrucciones claras y objetivas de general aplicación, velando permanentemente para que las condiciones de trabajo permitan una actuación eficiente de los funcionarios.


C.- Prohibiciones . Art. 78 del E.A.

a) Ejercer facultades, atribuciones o representación de las que no esté legalmente investido o no le hayan sido delegadas;

b) Intervenir en razón de sus funciones, en asuntos en que tengan interés él, su cónyuge, sus parientes consanguíneos (El parentesco por consanguinidad es aquel que existe entre dos personas que descienden una de otra o de un mismo progenitor.) hasta el tercer grado inclusive o por afinidad(Parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su marido o mujer.) hasta el segundo grado (Los grados de parentesco entre dos personas se cuentan por el número de generaciones.), y las personas ligadas a él por adopción;

c) Actuar en juicio ejerciendo acciones civiles en contra de los intereses del Estado o de las instituciones que de él formen parte, salvo que se trate de un derecho que ataña directamente al funcionarios, a su cónyuge o a sus parientes hasta el tercer grado deconsanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado y las personas ligadas a él por adopción;

d) Intervenir ante los tribunales de justicia como parte, testigo o perito, respecto de hechos de que hubiere tomado conocimiento en el ejercicio de sus funciones, o declarar en juicio en que tenga interés el Estado o sus organismos, sin previa comunicación a su superior jerárquico;


e) Someter a tramitación innecesaria o dilación los asuntos entregados a su conocimiento o resolución, o exigir para estos efectos documentos o requisitos no establecidos en las disposiciones vigentes;

f) Solicitar, hacerse prometer, o aceptar donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza para sí o para terceros;

g) Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal, material o información reservada o confidencial del organismo para fines ajenos a los institucionales;

h) Realizar cualquier actividad política dentro de la Administración del Estado o usar su autoridad, cargo o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones;

i) Organizar o pertenecer a sindicatos en el ámbito de la Administración del Estado; dirigir, promover o participar en huelgas, interrupción o paralización de actividades, totales o parciales, en la retención indebida de personas o bienes, y en otros actos que perturben el normal funcionamiento de los órganos de la Administración del Estado;


j) Atentar contra los bienes de la institución, cometer actos que produzcan la destrucción de materiales, instrumentos o productos de trabajo o disminuyan su valor o causen su deterioro, y

k) Incitar a destruir, inutilizar o interrumpir instalaciones públicas o privadas, o participar en hechos que las dañen.

D) Prohibiciones, Inhabilidades y Obligaciones contenidas en el D.F.L. Nº7, sobre Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos.
1º En el ar.40 del D.F.L. Nº7,.

a) Ejercer libremente su profesión o su especialidad técnica u otra actividad remunerada, y expedir informes en materias de su especialidad;


b) Ocupar cargos directivos, ejecutivos y administrativos en entidades que persigan fines de lucro;

c) Revelar al margen de las instrucciones del Director el contenido de los informes que se hayan emitido, o dar a personas ajenas al Servicio noticias acerca de hechos o situaciones de que hubiere tomado conocimiento en el ejercicio de su cargo; y

d) Además, les son aplicables las prohibiciones contempladas en el Código Tributario y en el D.F.L. Nº338, (Remisión que hoy debe entenderse hecha al actual Estatuto Administrativo, contenido en la Ley N º18.834.) de 1960, y las sanciones correspondientes en su caso.

Quedan exceptuados de tales prohibiciones e inhabilidades, los Funcionarios cuando se trate del ejercicio de derechos o la administración de su patrimonio, a condición que no diga relación con la aplicación de leyes tributarias. También se exceptúa la actividad docente, labores de investigación, remuneradas o no, prestadas a Universidades o Instituciones de enseñanza, que digan relación con los programas de estudio de las carreras que dichas instituciones impartan y, a condición de contar con autorización previa y expresa del Director del Servicio.

2º En el ar. 41.

Todo Funcionario al ingresar al Servicio de Impuestos Internos, debe hacer una declaración jurada de su patrimonio y del de su cónyuge, aun cuando estén casados bajo el régimen de separación de bienes. Esta declaración debe renovarse anualmente.

E) Obligaciones, Prohibiciones y/o infracciones contenidas en el Código Tributario.

1º Ar. 35 del Código, se debe guardar secreto del contenido de las declaraciones obligatorias de los Contribuyentes. Se exceptúa la entrega de información que se hace a los Tribunales de Justicia, a requerimiento del Juez en los juicios sobre delitos tributario, alimentos y, procesos por delitos comunes.

2º Ar. 101 del Código, constituyen infracciones a los deberes de los Funcionarios:

a) Atender profesionalmente a los contribuyentes en todo lo que diga relación con la aplicación de las leyes tributarias, excepto la atención profesional que puedan prestar a instituciones de beneficencia, corporaciones y/o fundaciones sin fines de lucro;

b) Permitir o facilitar a un contribuyente el incumplimiento de las leyes tributarias;


c) Favorecer su intervención en cualquier sentido para reducir la carga tributaria de un contribuyente o para liberarle, disminuirle o evitar que se le aplique una sanción;

d) Obstaculizar injustificadamente la tramitación o resolución de un asunto o cometer abusos comprobados en el ejercicio de su cargo; y

e) Infringir la obligación de guardar el secreto de las declaraciones en los términos señalados en el Código.

F.- Conductas que Infringen el Principio de Probidad Administrativa. Ar. 62 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.


a) Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña;

b) Hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero;

c) Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros;

d) Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales;

e) Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.

Exceptúanse de esta prohibición los donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestaciones de cortesía y buena educación.

El millaje u otro beneficio similar que otorguen las líneas aéreas por vuelos nacionales o internacionales a los que viajen como autoridades o funcionarios, y que sean financiados con recursos públicos, no podrán ser utilizados en actividades o viajes particulares.

f) Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive;


Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.

Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta;

g) Omitir o eludir la propuesta pública en los casos que la ley la disponga, y

h) Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos ciudadanos ante la Administración.

En conformidad a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República , las faltas transcritas anteriormente, son de aquellas que no pueden dejar de sancionarse, lo cual no significa que existan otras acciones u omisiones susceptibles de sancionar por incurrir el funcionario en falta a la probidad administrativa. Cabe señalar que la Ley ha definido la probidad administrativa como “el observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”.


G.- Obligaciones en el Ámbito de la Ley N º19.880, sobre Procedimiento Administrativo. (Dado la prohibición de los Funcionarios del Servicio de ejercer sus profesiones en forma particular, adicional a su cargo de funcionario público, no todas las inhabilidades contenidas en esta ley les son aplicables.)

1º Ar. 12, existe obligación de abstenerse de participar en el desarrollo del procedimiento administrativo en los siguientes casos:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado;

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato;


c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas anteriormente;

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate;

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar

2º En conformidad al ar. 10 de la Ley, también dan lugar a responsabilidad administrativa, el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley , omitir tramites o incurrir en defectos de tramitación que impliquen paralizar el procedimiento.

3º Ar. 24 inciso final, habrá lugar a responsabilidad administrativa siempre que no se certifique oportunamente que el procedimiento se encuentra en estado de resolver.

ANEXO II

PARALELO DE PLAZOS ENTRE INVESTIGACIÓN SUMARIA Y SUMARIO ADMINISTRATIVO

Actividad Investigación Sumaria Sumario Administrativo
1º Inicio Resolución Exenta Resolución Exenta
ss
2º Investigación 5 días 20 días, prorrogables hasta 60 días.
ss
3º Plazo para recusar al Fiscal y/o Actuario Segundo día desde que se le ha citado a declarar Segundo día desde que se le ha citado a declarar
ss
4º Plazo para formular cargo
o solicitar el sobreseimiento
Al término de la investigación. 3 días
ss
5º Plazo para formular descargos 2 días 5 días, prorrogables por otros 5 días más.
ss
6º Termino probatorio 3 días Hasta 20 días
ss
7º Plazo del Fiscal para evacuar su informe o Vista 2 5 días
ss
8º Plazo de la autoridad para fallar 2 días 5 días
ss
9º Para interponer recurso de reposición y apelación 2 días 5 días
ss
10º Plazo para resolver el recurso de reposición o de apelación 2 días 5 días

 

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