18/05/2026 13:40 🌍 Pública
AFIICH se reunión con Subdirectora Jurídica (s) Bárbara Olivares
Informamos que recientemente la Contraloría General de la República tomó razón del sumario administrativo instruido en contra de Elena Amaya, Jefa de Gabinete durante la administración del ex Director Nacional Fernando Barraza, trámite que se encontraba pendiente relacionado con hechos ocurridos durante su administración, quedando así totalmente afinado el proceso administrativo y procediéndose a la notificación de su destitución inmediata.
El proceso se originó a partir de una auditoría interna, mediante la cual se detectó la anulación de giros por más de $22.743 millones. Conforme a los antecedentes levantados durante la investigación y auditoría respectiva, surgió la denuncia en la que se señaló que la instrucción para efectuar dichas anulaciones habría provenido de la Jefa de Gabinete de la Dirección Nacional, Elena Amaya. Configurándose en los hechos el ejercicio de una presión impropia, haciendo valer indebidamente su posición funcionaria para beneficiar a un tercero, contraviniendo las decisiones que fueron tomadas por los órganos institucionales destinados a ello.
La toma de razón por parte de la Contraloría General de la República ratifica el trabajo realizado por los órganos de control interno de la institución y da cuenta de un trabajo sólido y contundente. Demuestra que los controles internos funcionan y que las investigaciones deben desarrollarse sin importar el cargo o función de la persona involucrada.
Los hechos investigados revisten la máxima gravedad en materia de probidad administrativa, particularmente considerando que las actuaciones cuestionadas habrían sido ejercidas por la Jefa de Gabinete, quien no formaba parte de la línea jerárquica operativa ni contaba con facultades resolutivas vinculadas a este tipo de procedimientos, lo que configura una intervención improcedente o tráfico de influencias. Como AFIICH, seguimos atentamente el desarrollo y avance de esta investigación sumaria desde que se tomó conocimiento de su existencia, y sus impactos para la institución.
Como asociación de funcionarios rechazamos categóricamente cualquier conducta que atente contra la probidad administrativa y contra el principio de igualdad ante la ley, especialmente cuando pudieran existir actuaciones destinadas a otorgar privilegios o tratamientos diferenciados a determinados contribuyentes, situándolos en una condición distinta respecto del resto de quienes cumplen sus obligaciones tributarias.
La confianza pública en las instituciones se sostiene precisamente sobre la base de actuaciones imparciales, objetivas y estrictamente ajustadas a derecho, principios que como AFIICH defenderemos siempre.
El proceso se originó a partir de una auditoría interna, mediante la cual se detectó la anulación de giros por más de $22.743 millones. Conforme a los antecedentes levantados durante la investigación y auditoría respectiva, surgió la denuncia en la que se señaló que la instrucción para efectuar dichas anulaciones habría provenido de la Jefa de Gabinete de la Dirección Nacional, Elena Amaya. Configurándose en los hechos el ejercicio de una presión impropia, haciendo valer indebidamente su posición funcionaria para beneficiar a un tercero, contraviniendo las decisiones que fueron tomadas por los órganos institucionales destinados a ello.
La toma de razón por parte de la Contraloría General de la República ratifica el trabajo realizado por los órganos de control interno de la institución y da cuenta de un trabajo sólido y contundente. Demuestra que los controles internos funcionan y que las investigaciones deben desarrollarse sin importar el cargo o función de la persona involucrada.
Los hechos investigados revisten la máxima gravedad en materia de probidad administrativa, particularmente considerando que las actuaciones cuestionadas habrían sido ejercidas por la Jefa de Gabinete, quien no formaba parte de la línea jerárquica operativa ni contaba con facultades resolutivas vinculadas a este tipo de procedimientos, lo que configura una intervención improcedente o tráfico de influencias. Como AFIICH, seguimos atentamente el desarrollo y avance de esta investigación sumaria desde que se tomó conocimiento de su existencia, y sus impactos para la institución.
Como asociación de funcionarios rechazamos categóricamente cualquier conducta que atente contra la probidad administrativa y contra el principio de igualdad ante la ley, especialmente cuando pudieran existir actuaciones destinadas a otorgar privilegios o tratamientos diferenciados a determinados contribuyentes, situándolos en una condición distinta respecto del resto de quienes cumplen sus obligaciones tributarias.
La confianza pública en las instituciones se sostiene precisamente sobre la base de actuaciones imparciales, objetivas y estrictamente ajustadas a derecho, principios que como AFIICH defenderemos siempre.